Se supone que en el capitalismo los bancos deben ser instituciones que cuentan con un capital, para prestarlo y obtener ganancias de los intereses cobrados. Sin embargo en México los bancos ni prestan dinero ni tienen capital, pero sí obtienen ganancias ¿Cómo le hacen? ¿Recuerdas las tandas a las que entraban tus papás para ahorrarse unos cuantos pesos durante un determinado tiempo?, esto es algo parecido. Jinetean el dinero de los ahorradores y cuando se lo roban, se aprovechan de los millones de mexicanos que sin protestar, con el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), les regalan más de 800 mil millones de pesos, para "rescatarlos" y que puedan seguir robando.

Seguramente algunos trabajadores no protestan por estos robos pues suponen que ellos no tienen nada que ver y se equivocan, pues al convertir el fraude de los banqueros en deuda pública, el gobierno está entregando grandes cantidades de dinero a los banqueros; y lo seguirá haciendo, según la Ley del IPAB, en los próximos cuarenta y seis años, al menos.

¿Y de dónde sacará el dinero el gobierno? Por supuesto que de los impuestos que pagan los trabajadores por medio del fraude conocido como IPAB.

¿Qué es el IPAB? Es una transa que aprobaron los diputados del PAN y del PRI para que, antes que dedicar dinero de los impuestos a educación, salud y otros gastos que beneficien al pueblo, hay que darlo a los banqueros. Eso de que el IPAB es un mecanismo sólo para la protección de los ahorradores es puro cuento.

Lo que hay detrás es que como los banqueros se gastaron el dinero que los ahorradores tenían en los bancos ahora hay que reponerlo, para que cuando los dueños vayan por sus pesitos no les salgan conque "a Chuchita la bolsearon".

¿En qué se gastaron los banqueros el dinero de los ahorradores? Una parte se devaluó con el "error de diciembre" de 1994, pero la mayoría se lo prestaron entre ellos por medio de escandalosos fraudes. Es tal el descaro de banqueros y gobierno que han llegado al grado de que ni siquiera dan los nombres de aquellos a los que ya se demostró que participaron de las movidas.

¿En qué se basan para no dar los nombres? En qué se viola el secreteo bancario que, es otra movida para proteger a los adinerados. Por cierto, eso del secreto bancario en los términos en que se interpreta para proteger defraudadores sólo existe en México y en Libia, y como en las movidas de los bancos están involucrados lo mismo banqueros, industriales que políticos, entonces a nadie le conviene que se destape la cloaca.

¿Y por qué entonces antes de las elecciones sacaron a flote algunos nombres?

Por que entre los implicados en las transas estaba el ahora presidente Vicente Fox y varios panistas; con esto los priístas pretendían evidenciarlos ante los electores y así ganar votos. Además se cuidaron de que en las auditorías no se dieran los datos de Banca Unión, donde está la información de millones de dólares que fueron entregados al PRI, incluyendo varios que se usaron en financiar la campaña de Ernesto Zedillo.

¿Según el IPAB cuánto dinero hay que dar a los banqueros? Para que se tenga una idea, el pueblo debe dar una cantidad igual a lo que gastaría la UNAM en casi 100 años y que asciende a más de 800 mil millones de pesos. Para el periodo de 1999 el presupuesto de la UNAM era de $7,862,000,000. Lo que el PRI y el PAN decidieron que el pueblo pague a los banqueros por concepto de Fobaproa (IPAB) es de $730,000,000,000.

Para este año la conversión en deuda publica del Fobaproa–IPAB, de las deudas de banqueros y grandes capitalistas, o sea, de aquellos a los que primero vendió a precio de remate, luego les prestó dinero o les permitió que se autoprestaran sin que pagaran, y luego "los rescató" pagándoles sus deudas con el dinero del pueblo adquirido en préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pero que de cualquier manera pagaderos por el pueblo es de ¡un billón de pesos!.

¿Y a poco el PRD no tuvo nada que ver? El Partido de la Revolución Democrática no abrió la puerta para consolidar como deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ni aprobó el uso discrecional de recursos públicos para el rescate bancario, según sostuvo Juan Moreno, asesor económico de la fracción perredista en el Senado, ante el periódico La Jornada el 7 de febrero de 2000, además consideró injusto que se acuse al PRD de haber avalado el saqueo perpetrado a través del Fobaproa. Afirmó que el partido editó y distribuyó folletos y videos informativos e incluso organizó una consulta en la que participaron más de tres millones de personas. Según dijo que " de no haber sido por el PRD hubiera ocurrido algo peor que la impunidad: ni siquiera se hubiera sabido que pasó" ¿Qué le parece a usted?

Los pasivos del Fobaproa–IPAB, se convirtieron en deuda pública reconocida en diciembre de 98 con el voto del PRI y PAN. Para el mes de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de conversión de los antiguos pagarés del Fobaproa en nuevos bonos del IPAB "con la finalidad de hacer líquidos estos documentos, es decir, negociables en el mercado; pero no podía introducir todos esos bonos en el mercado, sino poco a poco, administrando la liquidez.

Había dos opciones: que el banco central fuera el agente financiero para la colocación de estos títulos o que el IPAB lo hiciera directamente".

"No le vimos problema que lo hiciera el Banco de México, que es el responsable de la política monetaria y tiene todo el aparato para colocar papel del gobierno, pues ello permitiría mezclar los pasivos del IPAB con el resto de la deuda del gobierno y hacerla más manejable con tasas un poco más bajas" ¿Acaso usted no se está preguntando para quién?

La respuesta ya la conoce.

Con los cambios legales en materia financiera en diciembre de 98, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – una de cuyas funciones, como se mencionó anteriormente, consiste en regular el destino de los fondos pertenecientes al Fobaproa – las cuestiones relativas a dicha ley, así como al IPAB dan mucho de que hablar. Tras la creación del IPAB, el paso siguiente lo constituía la conformación de su Junta de Gobierno, a partir de una propuesta realizada por el Ejecutivo. Dicha propuesta debería contar con la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados; sin embargo, y con el argumento perredista de que "la conformación propuesta conlleva a conservar el control absoluto sobre la operatividad del Instituto para convalidar la gran mayoría de las operaciones del Fobaproa", en la votación se contó con 19 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones; debido a ello, y en contra de los términos establecidos, hasta abril de 1999 el IPAB no había iniciado operaciones.

Otro tema escabroso lo constituyen las auditorías propuestas desde mediados del 98, para determinar la legalidad de las operaciones realizadas al seno del Fobaproa. Para este efecto se contrató a un despacho líder (el canadiense Mackey), y a seis despachos nacionales, quienes se encargarían de llevar a cabo tales auditorías, hasta la fecha no se tiene resultados de las mismas y algunos legisladores sostienen que el acceso a la información de los bancos se ha restringido indebidamente.

Cabría mencionar que para tener contacto con el despacho canadiense es peor que enfrentarse a todos los monstruos más temidos por la humanidad ya que el despacho cuenta con un fuerte cuerpo y dispositivo de seguridad.

En entrevista para la revista Macroeconomía el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, Fauzi Hamdán de la fracción panista sostuvo que "la Ley de Protección al Ahorro Bancario se divide en dos partes: una , la parte ordinaria, que son los mecanismos de protección al ahorro, de apoyo excepcional a algún banco que llegase a tener problemas; es decir, se establece el límite máximo de responsabilidad de un banco frente a sus ahorradores, con la garantía del propio Estado, del propio gobierno, así como mecanismos de salvaguarda en la operación del sistema bancario; y la otra parte (…) es toda la parte transitoria de la Ley correspondiente al asunto de Fobaproa: en primer lugar se ordenan las auditorías a nivel de ley; se parte en principio de rechazar operaciones irregulares como resultado de las auditorías; se da la base de las reglas generales que emitirá el IPAB, pero con los principios señalados en el artículo quinto transitorio, de cómo los bancos tendrán que reasumir mayor riesgo en la cobranza de la cartera que había sido cedida al Fobaproa con un riesgo de 25 por ciento los banqueros y 75 por ciento el gobierno; bases para la cobranza de rendimiento y efectividad en la cobranza (…) también asume ese riesgo la banca; de manera que ese programa de compra de cartera por capitalización, que son casi 160 mil millones de pesos, con estas nuevas reglas calculamos que pueda reducirse a más de la mitad como costo fiscal (…) tenemos en principio esta ley que contiene estas dos grandes partes de la reorientación a la solución básica al problema del Fobaproa" .

Y mientras tanto las auditorías supuestamente están en marcha…

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados no entregó la clave que, junto con la de los otros cuatro grupos parlamentarios, permite el acceso al archivo secreto que dejó a los legisladores el auditor Michael Mackey, en el cual se detallan nombres de los beneficiarios y montos de las operaciones reportadas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro; su único argumento… la violación del secreto bancario.

Ello, porque en esa lista se mezclan beneficiarios de créditos ilícitos y ciudadanos cuyos préstamos fueron a parar al Fobaproa por decisión de los bancos y no por incumplimiento de pago por parte de los deudores.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Fauzi Hamdán contradijo al coordinador priísta Enrique Jackson al afirmar que la lista de los créditos mencionados "no caen dentro de la secresía, de acuerdo con la propia Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por que se trata de operaciones cuyo salvamento se hizo con recursos públicos" sostuvo en entrevista para el periódico La Jornada el 21 de marzo de 2000.

Los legisladores tienen un disco en el que se detallan las 19 mil 200 operaciones reportadas, pero sólo se puede conocer la información que contiene con las cuatro claves que tienen cinco diputados.

"Imagínese publicar 19 mil 200 operaciones bancarias de las cuales un porcentaje mínimo son ilegales y estigmatizar y lastimar a tantos deudores de la banca (…) y ser calificados como delincuentes".

Y mientras que son peras o manzanas el secreto sigue sin revelarse y se siguen absorbiendo pérdidas.

En la carta de intención enviada al Fondo Monetario Internacional, el gobierno mexicano da una amplia explicación sobre las medidas adoptadas desde 1995 hasta la fecha de la carta (1999) para tratar de sanear al sector bancario y el papel del IPAB.

La primera gran muestra que dio el gobierno de que continuará con la misma línea, se "vio" el jueves 17 de junio de 1999, al anunciar que el IPAB asumió el control de Banca Serfín y absorberá sus pérdidas por unos trece mil millones de pesos.

Con un capital contable de cero, según explicó Patricia Armendáriz, vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Serfín está en quiebra y que para capitalizarlo y ponerlo en "ruta de rentabilidad", se requerirán alrededor de 25 mil millones de pesos.

Adrián Sada González, presidente de Vitro, la empresa vidriera más importante de América Latina, y sus principales socios en Serfin, no pudieron salvar de la quiebra al banco, aun con los más de 60 mil millones de pesos que le dio el Fobaproa en los últimos cuatro años.

¿A cuántos más se tendrán que rescatar? ¿El pueblo lo seguirá permitiendo…y usted…? ¿Cuál será el final de esta terrorífica historia ?

Lo podemos imaginar… condenados de por vida a pagar una deuda de la que ni siquiera un hechizo podrá salvarnos…