Las cosas estaban y están muy mal en Chiapas, es un hecho. Casi el 85 por ciento de la población vive en condiciones de marginalidad extrema. En algunos municipios, la tasa de desempleo rebasa el 80 por ciento. El crecimiento poblacional atribuido solamente a la natalidad es, en algunas zonas, de más de 4.5 por ciento anual, lo que es insólitamente alto y profundiza la miseria. En Chiapas, a mediados de 1998, las diarreas como causa de muerte eran 231 por ciento más frecuentes que en el resto del país. La incidencia de tuberculosis era del doble que la nacional y el paludismo, seis veces mayor. Por cada caso de oncocercosis a escala nacional en México, hay 25 en Chiapas. La vacunación sólo cubre al 76 por ciento de los niños, mientras que la cobertura nacional es de 92 por ciento. La mortalidad de niños menores de 5 años es 143 por ciento mayor que la nacional y la mortalidad materna es 123 por ciento mayor. Poco más del 66 por ciento de los habitantes sufre desnutrición. Las muertes por accidentes y violencias en el grupo de edad de 15 a 59 años es superior en 25.5 por ciento al promedio nacional. La solución a estos problemas se contamina de ideología política e incluso religiosa: 94 por ciento de los organismos de participación política y comunitaria están penetrados por grupos religiosos.

El panorama, visto así, es de una injusticia atroz. Sin embargo, la supuesta reivindicación que la guerrilla iba a hacer nunca ha llegado. No se trata sólo de la incapacidad de ésta para presionar al gobierno de México a solucionar la pobreza de la región. Hay, como siempre, algo más siniestro en el fondo.

En sí, la guerrilla se ha opuesto y ha obstaculizado todos los intentos del gobierno federal por solucionar, así sea por mera imagen política, algunos de los problemas regionales: ha estorbado la construcción de carreteras, ha limitado la aplicación de programas de apoyo e interés social. Ha impedido y limitado el ejercicio de la democracia en la zona y ha promovido algunos autogobiernos de corte local, más comprometidos con la agenda maoista del EZLN que con las necesidades de los indígenas. Los únicos servicios médicos de buen nivel prestados en la región eran los del ejército, y con su reciente retiro de la zona del conflicto es de esperarse un aumento en la incidencia y prevalencia de varias enfermedades en esa región de Chiapas.

La guerrilla ha servido para descomponer más aún el clima social de la región y comprometer interminablemente la necesaria solución a las injusticias en Chiapas. Pero el gobierno mexicano, con su habitual ineptitud, ha permitido que el escenario se complique a tales niveles, que no hay ni por donde empezar a desentrañar la madeja. Ahora hay curas, extranjeros, guerrilleros, narcotraficantes, antiuniversitarios y todo tipo de oportunistas involucrados en el problema de Chiapas. México, tan presto siempre para denunciar intervenciones extranjeras, permite que extranjeros colaboren directamente en la guerrilla.

La peor escoria de Estados Unidos y Europa puede encontrarse, en uno u otro momento, en la denominada zona de conflicto ocupada por el EZLN. Durante 1998, el gobierno mexicano se vio en la necesidad de expulsar a poco más de 100 extranjeros visitantes en Chiapas, por participar en asuntos políticos que estaban vetados para ellos en virtud de su calidad migratoria. A fines de diciembre de ese año, Alejandro Carrillo, entonces coordinador del Instituto Nacional de Migración, afirmó que el gobierno de México no toleraría el "turismo revolucionario," sobre todo en Chiapas. El mensaje tenía una dedicatoria especial para Global Exchange, asociación protectora de derechos humanos – es decir, promotora de la sedición, el marxismo y la anarquía, que es lo que se entiende ahora por derechos humanos – con base en San Francisco, California, que con el pretexto de dar a conocer la realidad mexicana, se dedicó, desde el levantamiento zapatista de 1994, a intervenir por medio de grupos de presuntos activistas extranjeros de derechos humanos que llegaban a México. En contubernio con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Global Exchange es otro más de los oportunistas políticos que habría de usar a los indios chiapanecos para aumentar su ámbito de influencia. La advertencia de Carrillo se dio en el momento en que se esperaba la llegada de varios extranjeros para celebrar un aniversario más del alzamiento en Chiapas, el primero de enero de 1999. De hecho, tan sólo para la conmemoración del primer aniversario de la matanza de Acteal, donde 45 indígenas resultaron muertos el 22 de diciembre de 1997, llegaron al lugar unos 700 extranjeros. Debido a la falta de pericia en asuntos de inteligencia de las autoridades migratorias, sólo nueve de ellos recibieron citatorios para revisar las particularidades de su estancia en México, cuando 132 estuvieron directamente involucrados en la promoción de la subversión y en el fomento de la inestabilidad. Luego vendrían expulsiones de grupos de italianos, de uno que otro europeo, pero nunca habría una acción de fondo contra la presencia espuria de extranjeros promotores del fascismo de izquierda – sí, dije fascismo de izquierda –. Actualmente, al menos 200 extranjeros pretenden participar en la marcha que el EZLN tiene proyectada hacia la Ciudad de México.

Los extranjeros, arteros, se pasean e incitan a la violencia, la rebelión y el marxismo – lo que llamo fascismo de izquierda, por ser totalitario, antidemocrático y por violar los derechos del individuo –. Mientras tanto, unos difusos y mal definidos "usos y costumbres" han consolidado la extraterritorialidad de varias regiones en Chiapas. El estado de excepción, en varios de los llamados "municipios autónomos" no sólo es anticonstitucional, sino plena y abiertamente opuesto al pacto federal, pero es tolerado por el gobierno débil de México.

Desde junio de 1998, seis poblados en Chiapas se encontraban bajo la jurisdicción de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígenas, que supuestamente ejercían la justicia por los usos y las costumbres culturales de los pobladores. Entre las demandas de los zapatistas desde su alzamiento, se consideraba la validación de estas estructuras como un punto básico de acuerdo para suspender las hostilidades. En Altamirano, Huixtán, San Miguel Mitontic, Oxchuc, Tenejapa y Zinacantán, la ley por usos y costumbres dio origen a arbitrariedades e injusticias: la violación podía ser reparada no necesariamente con el encarcelamiento del violador, sino con una remuneración para la mujer agredida, que podía pagarse en abonos o con el trabajo del violador como jornalero en la propiedad de la víctima. Las leyes por usos y costumbres carecen de códigos y reglamentos; no hay nada escrito, es lírica en el más completo sentido de la palabra, y promueve una discrecionalidad rampante. Los jueces, que usaban los recursos de la "oralidad y la conciliación", realizaban cientos de juicios en un día. De acuerdo a las concesiones en la materia, estos juzgados sólo podían ocuparse de algunos delitos: lesiones, amenazas, allanamiento de morada, atentados al pudor, bigamia, difamación, calumnia, robo que no exceda 300 días de salario mínimo, abuso de confianza que no exceda mil días de salario mínimo, fraude que no exceda 200 días de salario mínimo, daños, desobediencia al mandato de la autoridad, etc. En la práctica, sin embargo, se encargaban de todos los juicios. A diferencia de lo que establece la Constitución, en esta ley sí se permiten las costas judiciales y los cobros indebidos: un marido acusado de poligamia tiene que pagar una retribución a la víctima y otra al juzgado, dinero que se colecta para las innumerables fiestas religiosas de cada poblado. Independientemente de esto, el acusado podría escuchar en la sentencia final que "si puedes mantener a dos o tres mujeres, te permito que las tengas."

Esta aberración legalista surgió tanto de la incapacidad de ofertar mejores cosas por parte del gobierno federal para la solución de algunos puntos de conflicto, como del maniqueísmo que profesan todos, y quiero decir absolutamente todos, los catecúmenos de izquierda: el indígena, a diferencia del mestizo, "es puro, casto, no miente, no es cruel, y tiene un sentido innato de la justicia; tiene altos ideales y es contemplativo; la riqueza tiene para él un significado inferior en relación con el de la vida espiritual". Es curioso que la idealización de los indígenas, que nunca tiene que ver con la realidad, siempre se usa para defender la ilegalidad. A fines de 1998, un periodista norteamericano, Theodore True, fue asesinado en el territorio Huichol de Guadalajara. Según las autoridades Huicholes y de justicia del estado de Jalisco, en sus primeras versiones, True fue muerto debido a que estaba tomando fotografías sin permiso en las comunidades de la zona. La realidad es que los homicidas, Miguel Hernández de la Cruz y Juan Chivarra de la Cruz, ambos huicholes, lo asesinaron para poder robarle su equipo fotográfico. Este caso es una gota en el océano de latrocinios que los indígenas cometen para con los demás y entre ellos mismos. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por citar los estados más conflictivos, los problemas entre comunidades vecinas con frecuencia culminan en ataques armados y graves homicidios. Los robos, invasiones de tierras y otras tropelías están a la orden del día. En palabras de un antropólogo, "los indígenas son seres humanos, tan marrulleros o abusivos como cualquier persona."

Influido por estas ideas sin sustento, y con la ineptitud que siempre lo caracterizó, el expresidente Ernesto Zedillo envió al Congreso el 11 de marzo de 1998 esta demanda integrada en una iniciativa de ley que habría de quedar bloqueada por decisión de legisladores perredistas y panistas, que la consideraron contraria a los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Zedillo, siguiendo la tradición presidencial de ignorar al congreso, inauguró estos juzgados el 28 de abril, y en junio ya estaban funcionando. La disgregación del estado mexicano comenzó de este modo.

Los zapatistas, desde entonces, juegan con un gobierno veleidoso, incapaz, que gustoso se ha convertido en rehén de la guerrilla. Hasta el mismo dirigente del PRD en Chiapas, Gabriel Gutiérrez Avila, calificó a fines de marzo de 1999 de farsa la entrega de armas que 14 zapatistas hicieron al gobernador Roberto Albores Guillén, fundamentalmente porque nunca se pudo corroborar la identidad zapatista de los portadores de pasamontañas que hicieron la simbólica y propagandística entrega de armas. Por lo visto, el gobierno de Albores, dentro del contexto de la entonces novel Ley de Amnistía y Desarme, necesitaba de este desplante para legitimarse.

El 13 de agosto de 1999 la actriz Ofelia Medina fue expulsada de San Cristóbal, por decisión del alcalde Mariano Díaz Ochoa. Al declararla persona non grata en la entidad, Díaz Ochoa diría "no podemos permitir que […] grupillos de radicales encabezados por Ofelia Medina quieran determinar el destino de Chiapas. Ya nos cansaron, ya nos agotaron, ya nos tienen hartos…".

Esta reacción se dio en respuesta a la agitación derivada del incremento de agitadores en la zona de conflicto, para impedir la construcción de una carretera que había sido solicitada por pobladores locales. Entre los agitadores, destacaba un gran contingente de porros y criminales coludidos en el movimiento antiuniversitario de 1999, en plena efervescencia en ese momento. Estos mismos porros, tan solidarios con el movimiento maoista de Chiapas, desaparecieron por completo de las labores de rescate de damnificados por las intensas lluvias que asolarían varios estados mexicanos sólo pocos días más tarde.

La respuesta de la iglesia, órgano de control social comprometido con todo menos con el bienestar de la gente, ha sido congruente y solidaria con este oportunismo atroz. El obispo Samuel Ruiz, un malandrín que se ha apropiado de varias tierras en Chiapas y cuyo usufructo de los pobres ha sido tan provechoso que tan sólo de enero a octubre de 1998 recibió un millón 300 mil dólares de diversas agrupaciones europeas, recibió un duro golpe cuando tuvo que dejar la diócesis de San Cristobal. Este cura falso, junto con muchos más, amañado desde siempre con los zapatistas y detestando el marxismo sólo de dientes para afuera, es, junto con Marcos y sus secuaces, el verdadero Atila de Chiapas. Ruíz ha sido propuesto para diversos cargos académicos honoris causa y varios reconocimientos, sobre todo por parte de diversas instituciones educativas. El conceder este tipo de títulos a tiranos, fascistas, terroristas y genocidas no es insólito en algunas universidades de tercer orden de México. Apenas hace unos días, la Universidad Autónoma de Zacatecas dio un doctorado honoris causa al tirano cubano Fidel Castro.

Así pues, la descomposición social no se debe tanto a la pericia militar o en relaciones públicas de los zapatistas, como comúnmente se piensa, sino a la torpeza inmemorial del gobierno mexicano que no ha sabido poner orden. Ni quince días duró el ataque militar posterior al alzamiento del primer día de enero de 1994 antes de que Salinas, preocupado por el qué dirán internacional, desistiera y comenzara la ridícula procesión de los "comisionados para la paz". Por eso es que esta es una guerrilla virtual, con página de Internet y cuenta de banco, y su líder, como sibilina, sólo se deja ver de cuando en cuando. Quienes quisieron entrevistarse con Marcos en sus primeros tiempos tuvieron que pasar varias revisiones, interrogatorios, humillaciones, para por fin poder acceder a ver al nuevo icono. Además de periodistas, los oportunistas de siempre, como la viuda de Mitterand y otros más, acudían en tropel a ser recibidos por el nuevo dios.

Para consolidar su imagen frente a la marcha a la Ciudad de México que se avecina, Marcos ha salido recientemente de su autoimpuesto aislamiento y últimamente concede entrevistas con bastante facilidad. Lo curioso es que no las concede a periodistas de verdad, que sí podrían cuestionarlo, sino a cómicos. Acaba de ser entrevistado por Guadalupe Loaeza, mujer veleidosa, inepta y sin gracia, aunque ella se asume como intelectual y simpática; Marcos también fue entrevistado hace días por Andrés Bustamante, cómico creativo e inteligente, sí, pero el interlocutor menos idóneo para entrevistar a semejante criatura. Y así le llamo porque el famoso Marcos no sería sino un pobre hombre si no fuera por la complicidad de los medios de comunicación y de seudointelectuales, que se regodean en convertirlo en un personaje mítico.

Marcos es un demagogo que ha logrado, con su impresionante manejo del lenguaje, engañar a todos. En una conferencia de prensa, la primera que dio para romper su aislamiento, recibió aplausos, risas y palabras de aliento por parte de los seudoperiodistas que cubrieron el evento y que supuestamente deberían mantener la objetividad. Vergonzoso espectáculo. Triste y vergonzoso espectáculo, denigrante para todos los periodistas del mundo que sí toman en serio su profesión.

Y la sociedad civil no se muestra más prudente. Apenas el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Fernández Garza, había calificado a los zapatistas como a una ''bola de locos encapuchados armados dispuestos a cualquier cosa'' esa misma agrupación, junto con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) decidió participar en el diálogo con los zapatistas. Ni en el escenario más incluyente estas asociaciones podrían aportar algo a un diálogo de esta naturaleza. Me pregunto qué pueden aportar a una incidental solución al conflicto. Sin embargo, en México, lo más importante es figurar y quedar bien, y para oportunistas, ningunos más grandes que estos empresarios explotadores. Pero no les faltan ejemplos para actuar así, pues su incongruencia altanera, ensimismada, autista, es la misma que alienta al presidente Fox y a su gabinete económico a pedir un IVA de 15 por ciento a alimentos y medicinas, cuando las cifras más recientemente publicadas hablan de que la cifra de mexicanos en pobreza extrema aumentó a 18 millones. Un nada despreciable 7 por ciento más que el año pasado (uso las cifras oficiales de México, pero otras muestran un aumento mayor). Lo que Fox y sus secuaces desconocen es que la realidad que su aislamiento construye en sus mentes, no tiene nada que ver con lo que México vive.

Para rematar, en fechas recientes la encargada de asuntos indígenas del gabinete presidencial, Xóchitl Gálvez, tachó de racistas a quienes desean una salida armada para el conflicto. Así, por definición, la que por otro lado es una brillantísima mujer – lo que en un gabinete compuesto por casi puras nulidades es un gran mérito –, se atreve, en el más puro estilo fascista, a imponer calificativos sugeridos por su deformada y parcial óptica. Gálvez utiliza inadecuadamente la tribuna que su puesto público en el gabinete le proporciona. Y cree que por ser indígena, puede convertirse en árbitro.

Permítaseme concluir enfatizando que el problema de la guerrilla en Chiapas no requiere de diálogos o de arrumacos. Requiere del uso devastador de las armas. Si un grupo desea dialogar, se constituye como un partido político o un grupo de presión. Si desea pelear, se constituye como guerrilla o grupo terrorista. Hay que dar, pues, "a cada cual lo que le corresponde" y apoyar el uso intenso, avasallante y aniquilante de la fuerza militar en contra del grupo de terroristas que únicamente ha logrado convertir a México en un ridículo internacional. Nadie me había llamado racista. Pero si la óptica miope de Gálvez confunde la defensa de la integridad nacional de México con racismo, entonces me declaro racista acérrimo. Así sea, hasta la total aniquilación de los zapatistas y todos sus compinches: curas falsos, seudointelectuales y empresarios oportunistas, periodistas de tercera categoría, extranjeros desarraigados, marxistas extemporáneos, parásitos antiuniversitarios y todas las demás clases de antimexicanos.