Con la salida del PRI de la presidencia y la llegada de un régimen verdaderamente democrático muchos mexicanos creímos que varias cosas iban a cambiar en el país o por lo menos iban a empezar a cambiar. Una de las cosas que deseábamos ver modificada era la incapacidad de los anteriores gobiernos para hacer cumplir la ley. La corrupción dentro y fuera del gobierno, la inseguridad creciente en las calles y el sometimiento ante grupos de activistas políticos que demandan beneficios para sí mismos o para sus aliados y toman como rehenes al resto de la sociedad han sido la regla en los últimos sexenios. Aunque ahora tenemos un nuevo gobierno parece que este heredó de los gobiernos priístas sus incapacidades y no ha hecho aún uso del poder que le da la legitimidad obtenida en las urnas para imponer el respeto a las leyes.
Durante la época priísta las violaciones a la ley fueron una constante dentro y fuera del gobierno. La violación frecuente de la ley es un verdadero estorbo para que la población logre una vida libre y digna. Los gobiernos priístas, con una legitimidad puesta siempre en duda por la sociedad, con fuerzas del orden conocidas por su corrupción y complicidad con criminales, y con jueces al servicio del mejor postor, se vieron limitados en su capacidad para la impartición del orden. Y a esto debemos sumarle el temor creciente a ser calificados de represores por parte de la sociedad o por los defensores de los derechos humanos.
La aplicación de las leyes es necesaria para garantizar un mínimo de condiciones para la convivencia pacífica y libre entre quienes forman la sociedad. Sin las leyes o sin la capacidad para asegurar su aplicación es de esperarse el atropello constante a la dignidad y la libertad de las personas por otros miembros de la sociedad. El Estado no puede renunciar a su autoridad para hacer cumplir la ley y a la aplicación de la fuerza cuando es necesario. Es una de las razones de su existencia. Para eso la sociedad le ha dado el poder.
No solamente los gobiernos son los culpables de este incumplimiento de la ley. También la sociedad contribuyó a esta situación ejerciendo presión para evitar la aplicación de la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley. Especialmente las organizaciones de izquierda contribuyeron durante años aleccionando a estudiantes y trabajadores sobre el carácter represor de las fuerzas del orden. Así, hoy en día se sigue repitiendo con mucha frecuencia que las policías y el ejército son órganos creados por el Estado para la represión y el control social. Y, efectivamente, por medio de la represión a los ciudadanos un gobierno puede mantenerse ilegítimamente en el poder y llevar a cabo todo tipo de atropellos a la libertad y dignidad de las personas. Pero hemos llegado al extremo de que buena parte de la sociedad ya no reconoce como legítimo el derecho al uso de la fuerza por parte del Estado y muchos han olvidado que estos órganos son necesarios para el aseguramiento de la legalidad y el orden. Que son necesarios para que todos en la sociedad puedan llevar una vida digna y pacífica.
Actualmente en México vivimos muchas situaciones en las que ha dejado de aplicarse la ley debido en gran medida a que la sociedad no tolera la aplicación de la fuerza pública para hacer cumplir la ley. Esto sucede muchas veces bajo el supuesto de que se violan los derechos humanos de las personas a las que se les aplica, otras por la incompetencia de las autoridades o por su complicidad con los grupos que violan la ley. Y esta situación de tolerancia a la ilegalidad ha sido aprovechada por todo tipo de oportunistas, activistas, grupos de presión y ahora hasta por gobernantes y congresistas para violar la ley en la supuesta defensa de causas nobles y legítimas, cuando en realidad lo que defienden son sus propios intereses que muchas veces van en contra de aquellos a quienes suponen defender.
Estas acciones tienen muchas manifestaciones, empezando por los frecuentes bloqueos a avenidas o carreteras y las marchas – que también bloquean avenidas importantes durante su paso – usadas como mecanismo de presión para obtener respuesta a sus demandas por parte de empleados del gobierno, vendedores ambulantes, invasores de terrenos, estudiantes, maestros o cualquier grupo que protesta o demande algún beneficio de parte del gobierno. Los bloqueos son ilegales y perjudican a muchísima gente casi siempre ajena al problema, pero estos grupos saben que entre mayor sea el problema que causan con sus actos mayor será la atención que reciban.
Las autoridades han preferido no actuar para impedir estas violaciones a la ley y se limitan a ayudar a estos manifestantes, bajo el argumento de que estos grupos tienen derecho a manifestarse. Aunque se ha anunciado un cambio de actitud por parte del gobierno del Distrito Federal, la ciudad más afectada por marchas y bloqueos, podemos esperar que la situación no varíe mucho en el futuro. La actuación del gobierno capitalino tal vez se ajuste de acuerdo a la filiación política de los manifestantes y la mayoría de los grupos involucrados en estos actos son afines al PRD.
La misma actitud de tolerancia se ha mostrado ante las paralizaciones que ha sufrido la UNAM a manos de seudoestudiantes. En el paro de 1987 el CEU se conformó por y fortaleció con la derogación de las reformas impuestas por el rector, pero en el último movimiento el CGH fue más allá, ante la confianza que les dio la debilidad mostrada por el gobierno federal y el apoyo del gobierno de la ciudad. Las autoridades se limitaron a observar durante diez meses como este grupo de activistas apoyados por grupos ajenos a la UNAM pero de la misma ideología, tomaron las instalaciones, destruyeron propiedad de la universidad, construyeron barricadas con material de los salones de clase, pintaron paredes, se negaron a negociar la solución del conflicto y se dieron el lujo de asaltar y golpear gente en las cercanías de la universidad. El gobierno se mostró temeroso de disgustar aún más a los agresores de la universidad y de violar la autonomía de la universidad al aplicar la ley, así que esperó a que el movimiento se desgastara y perdiera apoyo, para entonces sí aplicar la ley sin riesgo de disgustar a la ciudadanía.
Aunque el paro se acabó el año pasado las actitudes de los paristas siguen siendo de poco o nulo respeto hacia la universidad y sus autoridades y de desprecio a la legalidad. Insisten en bloquear las actividades normales de la universidad e incluso se atreven a cometer actos de vandalismo y hasta ultrajes a la dignidad de otros universitarios. Ante estos actos el nuevo gobierno federal no ha tomado ninguna medida lo que seguramente animará a estos delincuentes a seguir haciendo de las suyas en la universidad.
También se ha mostrado debilidad en nombre de la tolerancia ante los zapatistas que declararon la guerra al gobierno federal bajo la supuesta defensa de los derechos de los indígenas. El gobierno decidió no combatir a este grupo armado y buscar una solución no violenta al conflicto debido a la "legitimidad" de la causa que defienden. Y después de siete años los indígenas chiapanecos siguen igual o peor que antes, pues el gobierno ha seguido empeñado en no resolver el conflicto y los zapatistas siguen sin conseguir nada para los indígenas a quienes supuestamente defienden. Los zapatistas se aprovechan de la indecisión que ha mostrado el gobierno para desprestigiarlo y negarse a negociar. Amparados por una parte de la sociedad que cree ingenuamente en la causa zapatista y una ley de amnistía que los protege de ser arrestados, se les permite continuar indefinidamente armados y sin negociar con el gobierno.
Con el apoyo de una parte de la sociedad, sin nada que los obligue a negociar y con un gobierno que cede ante sus demandas sin lograr nada a cambio es probable que la solución al conflicto esté mucho más lejos de lo que se imagina el presidente. Hasta ahora el gobierno de Vicente Fox lo único que ha logrado es regresarle su papel protagónico al EZLN, aunque algunos insisten en que se ha avanzado en el proceso de paz. Aun con la aprobación en un futuro cercano de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, con los zapatistas negociando y con el gobierno solícito a conceder todas sus peticiones lo más seguro es que sólo se esté dando pie para nuevos actos de ilegalidad.
Recientemente se ha presentado una nueva oportunidad para que el gobierno encabezado por Vicente Fox mostrara su incapacidad para aplicar la ley. Es el caso del congreso de Yucatán que apoyado por el gobernador de la entidad y el PRI a nivel nacional desobedece las resoluciones del Tribunal Federal Electoral para la elección del Consejo Electoral de la entidad. Los priístas yucatecos creen poder lograr ventajas en el control de las próximas elecciones en favor del PRI, mientras la Secretaría de Gobernación trata de negociar pero no logra nada, amenaza con hacer uso de la fuerza y no la usa, mostrando nuevamente la incapacidad del gobierno para resolver el problema.
En una sociedad que no aprueba el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley, donde la tolerancia y el diálogo se han promovido hasta extremos ridículos, donde los gobernantes temen por las consecuencias de aplicar la ley y con partidos políticos que apoyan los actos de ilegalidad cuando son afines a sus propósitos políticos la situación no es nada alentadora. Hasta ahora el gobierno de Fox ha sido incapaz de capitalizar la legitimidad que le dio la ciudadanía en las urnas y sigue mostrando la debilidad de los gobiernos priístas para hacer cumplir la ley. Podemos decir que existe toda una cultura de la ilegalidad cuando la violación de las leyes es cosa cotidiana, cuando buena parte de la sociedad apoya y justifica los actos ilegales y el gobierno debe ser cuidadoso de aplicar la ley para no enfadar a quienes se les aplicará o al resto de la sociedad.
Es evidente que la tolerancia a la ilegalidad genera más actos de ilegalidad. El presidente Fox insiste en que no se puede aplicar la ley "de golpe y porrazo", de manera que no hay indicios de que esto vaya a cambiar en el futuro. Aunque el presidente tiene razón en que muchos van a resentir la aplicación irrestricta de la ley valdría la pena que invirtiera parte de su capital político en este cambio. De no aplicarse la ley sin negociaciones ni diálogos la sociedad seguirá pagando un alto costo para que algunos puedan seguir ejerciendo el privilegio de violar las leyes para lograr sus fines.
