Cuando la magnitud de un fenómeno es tal que produce desesperación, se buscan soluciones que prometen un alivio rápido. Así, quienes abogan por penas más severas lo hacen fundamentalmente por creer que de ese modo los delitos disminuirán. El problema, sin embargo, no es tan sencillo.

¿De qué sirve que se apliquen 80 en vez de 40 años de prisión, si finalmente las posibilidades de que un delincuente pise la cárcel son mínimas o nulas? La tasa de impunidad es tan grande en México que, según el criminólogo Rafael Ruiz Harrell, sólo 38 de cada mil delitos son castigados. Un artículo publicado Guillermo Zepeda Lecuona en la Revista del Senado de la República en junio de 1998, indicaba que sólo una de cada cinco averiguaciones previas es concluida, sea para determinar que es improcedente la acción penal, declararse como parte incompetente ante la causa, o bien presentar al presunto delincuente ante el juez. El 72 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas es archivada esperando indicios posteriores. Que muchas veces jamás aparecen. Así, es tal la cantidad de averiguaciones previas a las que se da carpetazo, que entre 1993 y 1994 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desechó alrededor de 600 mil de ellas. La presente administración recibió, solamente en al Procuraduría General de la República, 65 mil averiguaciones pendientes.

Aunque se insiste con frecuencia que hay que confiar en el sistema de justicia mexicano, cada vez es más difícil hacerlo. Entre averiguaciones previas mal realizadas, errores técnicos, trapacerías legalistas y la aplicación indiscriminada de juicios de amparo, muchos delincuentes nunca son condenados por los delitos que cometen. Si acaso lo son, todavía es difícil que lleguen a la cárcel. Si entran, hay altas probabilidades de que sean liberados antes de tiempo y no cumplan más que una fracción de la condena que deberían purgar.

En sus muchas obras, Michel Foucault hablaba de un Estado represor que, entre otros instrumentos de control, contaba con leyes creadas por delincuentes y para delincuentes. A pesar que la paranoia de Foucault exagera mucho los cuadros, quizá en esto tenga razón. No hay otra forma de explicar cómo el mismo sistema libera narcotraficantes, secuestradores, banqueros defraudadores y otros delincuentes similares. Y no deja resultar curioso que los mismos recursos que funcionan a las mil maravillas para los delincuentes, sobre todo si pertenecen al crimen organizado o cometen delitos de cuello blanco desde las cimas del poder, casi nunca sirven para el común de las personas.

Mientras toda la cultura del sistema penal siga orientada a favor del delincuente y en contra de las víctimas, de nada servirá que se actualicen las leyes penales imponiendo penas más severas. Sencillamente porque los delincuentes no las cumplirán. Más que imponer penas más severas, hay que acabar con la impunidad, y eso requiere una refundación completa del sistema de justicia mexicano. Porque, a la fecha, los parches sólo lo han hecho más ineficaz cada vez, y paradójicamente, en muchas ocasiones en un verdadero vehículo de promoción del crimen y la impunidad.