La Ciudad de la Desesperanza
Por Gonzalo Rosado

¿Cuántas veces nos hemos enterado de asesinatos en la calle, de robos de autos por todos lados, innumerables asaltos armados a cualquier hora del día en los camiones, en la calle, puentes, metro, semáforos, en los bancos o en los mismos hogares de las personas?

Vivir en una de las ciudades con más delincuencia en el mundo tiene su costo. Los ciudadanos del Distrito Federal se encuentran sumidos en el terror debido a la inseguridad y la corrupción que pululan por doquier.

Pese a las declaraciones oficiales, el índice de delincuencia va en aumento, aunque en ocasiones hay bajas debido a que se estima que el 70 por ciento de los llamados delitos menores no son denunciados por las víctimas; es decir que la desconfianza en la policía desalienta la denuncia y eso hace parecer que hay menos delitos.

Aun así, las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) muestran que, en lo que va del año, un aumento del 8.7 por ciento en el promedio diario de delitos en comparación con el año pasado, ya que en el 2001 hubo alrededor de 469 delitos diarios, mientras que en el 2002 el promedio es de 510.

En 2000 se cometieron en México aproximadamente 15 delitos por cada 1000 habitantes. En México viven aproximadamente 100 millones de personas, mientras que tan sólo en el área metropolitana viven más de 20 millones. El combate a la delincuencia está por los suelos ya que únicamente 8 de cada 100 delitos son resueltos por las autoridades y tan sólo el cuatro por ciento de los delitos es castigado.

Al parecer, las cifras pueden ser aún peores: en una ocasión, Francisco Labastida, excandidato a la presidencia de la República por el PRI, informó que de un millón y medio de denuncias únicamente se consignaba al 5.33 por ciento, es decir, 80 mil presuntos delincuentes, pero sólo se castigaba al 2 por ciento: 30 mil.

En México no sólo abunda el criminal común y corriente, bastante nocivo, sino que también existe una gran cantidad de crimen organizado: tan sólo en el Distrito Federal hay alrededor de 750 bandas delictivas, las cuales están conformadas desde 10 hasta alrededor de 100 miembros. En ocasiones incluyen a familias enteras, llegando a tal grado que por cada kilómetro que constituye la zona urbana de la ciudad de México, existen aproximadamente 32 personas dedicadas a cometer delitos.

A esto hay que sumar el efecto devastador de la corrupción. En muchas ocasiones, la policía se dedica más a sacar dinero a las víctimas que a perseguir a los delincuentes. Debido a la colución entre autoridades y delincuentes, estos con frecuencia son dejados en libertad. A esto hay que sumar que los equipos para combatir a la delincuencia están en malas condiciones. Tan sólo en 1998, de las cerca de 6 mil patrullas con las que contaban la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 30 por ciento de la SSP no estaban en condiciones de ser utilizadas, mientras que en la PGJDF la proporción era de 40 por ciento.

La irritación pública por parte de los ciudadanos, al verse cercados entre autoridades incapaces y delincuentes temibles, ha originado diversas respuestas. Los linchamientos públicos comienzan a ser comunes. También se ha comenzado a llevar la agenda de la pena de muerte a la mesa de discusiones de la agenda pública. Autorizar la pena de muerte en México en el actual contexto de corrupción e ineficiencia del sistema judicial mexicano sería muy peligroso: las instituciones que surgieron para defender los derechos ciudadanos se han convertido, formal e informalmente, en centros que defienden los derechos de los delincuentes, por lo que primero se aplicaría la pena de muerte a una persona honesta que al verdadero delincuente.

Mientras el discurso oficial habla de un futuro brillante para México, la delincuencia y la inseguridad van en aumento. Cualquier persona trabajadora puede perder su patrimonio incluso de toda la vida en un secuestro. Pero eso no parece ser importante para las autoridades que supuestamente representan los intereses del ciudadano común. ¿Cuánto tiempo más se va a continuar así? Nadie lo sabe.