Obedecer muchas leyes no hace feliz a nadie, es cierto. Pero parece que infringir las leyes tampoco. De hecho, es más probable que ocurra lo contrario. Aunque vivimos en desorden no vivimos sin reglas. Ante leyes injustas, inadecuadas, faltas de legitimidad o sistemáticamente violadas por la autoridad, siempre surgen acuerdos extralegales en sustitución de las primeras, aplicadas usualmente en un ámbito local y restringido.

Así, los acuerdos paralegales son una respuesta a la falta de leyes adecuadas a la realidad de la gente o que sean cumplidas sin discrecionalidad. El problema de esos acuerdos es que rara vez son una solución. Generalmente no se trata de un acuerdo entre iguales, y más bien son la imposición de la ley del más fuerte. Al final de cuentas vivir bajo estos acuerdos es más penoso y difícil que vivir según las leyes formales que sustituyen.

Una de las razones por las que no se cumplen las leyes es que las autoridades desalientan su cumplimiento al crearlas injustas o difíciles de cumplir y hasta entender. Por ejemplo, nuestras leyes fiscales, con altos impuestos, exceso de trámites y declaraciones difíciles de llenar, fomentan la evasión y orillan al trabajo en la informalidad. Para iniciar una nueva empresa se requieren tal cantidad de trámites, sortear gran número de obstáculos burocráticos y perder tanto tiempo, que la mayor parte de la gente no puede afrontar los costos. Así, se alienta y es de hecho más fácil iniciar su negocio en la informalidad. Incluso muchos microempresarios deseosos de tener sus papeles en regla saben que es mejor abrir el negocio y esperar a usar al inspector como gestor, previo soborno, que ir a formar colas eternas e iniciar trámites frustrantes. De este modo, ante leyes inadecuadas, reglamentos estorbosos y burocracia inepta, la gente hace sus propias reglas y organizaciones para crear negocios informales. El poder gestivo de la informalidad es tal, que al final los gobiernos terminan creando acuerdos extraoficiales con estos negocios y organizaciones informales. Lo malo es que entonces opera una gran discrecionalidad, siempre en contra de la gente productiva.

Pero es difícil hacer valer las leyes si el estado es incapaz de vigilar el cumplimiento de las normas más elementales entre sus empleados. Los burócratas imponen sus propias reglas para el funcionamiento de las instituciones públicas, y se crea el escenario por todos conocido. Porque las reglas en el gobierno no están orientadas a los usuarios, sino a la comodidad de los burócratas. Y la gente no tiene más remedio que seguir las reglas de los burócratas pues ellos tienen el poder en sus ventanillas.

Otras veces el incumplimiento de las leyes no es por inadecuación de las mismas, o porque éstas no gocen de aceptación, sino por corrupción. Lo más grave ocurre cuando la violación de esas leyes proviene de las mismas autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Entre otras, una consecuencia es la gran inseguridad pública. Los jueces, ministerios públicos y cuerpos de policía corruptos tienen sus propias reglas extraoficiales para la aplicación de la ley. Los delincuentes salen siempre bien librados pues han aprendido a sortear la aplicación de la ley. En cambio, al ciudadano común, quien desconoce las reglas informales del sistema o no tiene recursos para librarse de él, se le aplica la ley en todo su rigor. Por eso algunos ciudadanos honestos han empezado a organizarse para tratar de defenderse por sí mismos, creando grupos de vigilancia para hacer justicia en propia mano. La todavía mayor discrecionalidad y el ambiente de linchamiento es espantable, pero tal vez este sea el futuro que nos espera.

Las autoridades son tan débiles que ni siquiera pueden mantener el orden en el tránsito vehicular. El bloqueo de las avenidas no está permitido en la ley pero en la práctica se permite a los manifestantes hacerlo todos los días del año. Mientras los agentes de tránsito aplican su propio reglamento, y no multan a los verdaderos transgresores que son un peligro para los demás y por eso en las calles impera la ley del más fuerte. El automovilista impone su ley; el peatón y el ciclista siempre salen perdiendo. Los microbuseros pueden hacer lo que quieran. El agente de a pie se convierte en caseta de cobro para los camioneros desafortunados. Las patrullas y los motociclistas han llegado a un arreglo con los automovilistas para no pagar las multas oficiales. Por eso imponer multas altas no sirve pues no se pagan, además de favorecer la corrupción porque la gente prefiere pagar menos y sobornar al policía.

El costo de vivir en una sociedad sin más orden que acuerdos informales puede ser muy alto. Las reglas extralegales generalmente son más aceptadas que las leyes oficiales. Funcionan, y a veces pueden facilitar las cosas, pero casi siempre son ineficaces. Para la mayoría de los mexicanos vivir suele ser mucho más difícil de lo que debería gracias a la abundancia de reglas mal hechas en todos los ámbitos de la vida. El ciudadano común debe pasar por un verdadero tormento todos los días. Obviamente, para quienes conocen el sistema paralegal es más fácil vivir en él que para quienes lo desconocen. Pero mientras vivamos con estas reglas seguirán mandando en los tribunales las autoridades corruptas y los delincuentes; en las calles los pandilleros, los líderes de vendedores ambulantes y los automovilistas abusivos; en las cárceles las mafias organizadas; en las oficinas gubernamentales los sindicatos y los burócratas perezosos; y en los hospitales las enfermeras mal encaradas y los médicos ineptos.

Mientras tanto, ¿cuánto le cuesta al país la ineficiencia del gobierno para hacer cumplir las leyes? Para saberlo deberíamos contabilizar los salarios pagados a burócratas con productividad cero o casi cero, las horas de trabajo perdidas por los ciudadanos en espera de ser atendidos, las mordidas para evitar o agilizar trámites, las empresas que no se crearon por el exceso de trámites y obstáculos burocráticos o por las cargas fiscales excesivas, los estudiantes que no aprendieron nada en las escuelas, los enfermos mal atendidos, etc. El costo de mantener un gobierno e instituciones del Estado como las nuestras puede ser muy alto en comparación con los beneficios obtenidos, pues se han convertido en un obstáculo constante para la vida de las personas.

Es urgente elaborar leyes adecuadas a la realidad de la sociedad, que garanticen su cumplimiento. Cuando se aprueban reglas funcionales y adecuadas a la realidad es más probable que la gente las considere legítimas y esté dispuesta a seguirlas. El problema es que el arreglo vigente de leyes inadecuadas e incumplidas que alientan el uso de reglas extraoficiales se mantiene porque muchos de los involucrados obtienen algún beneficio de ellas. Por eso es que se requiere de una eficaz estrategia política al tratar de cambiarlas y al mismo tiempo vencer la resistencia de quienes defienden el status quo.

En el pasado en los países ahora desarrollados se hicieron serios esfuerzos por adecuar las leyes para el buen funcionamiento de la sociedad y facilitar el progreso económico. Ahora sus leyes hacen fácil la creación de empresas, los impuestos son más fáciles de pagar y las declaraciones fiscales son sencillas de llenar. Pero en nuestro país vamos para atrás: con la última miscelánea fiscal los obstáculos aumentaron, entre otras cosas porque ahora los impuestos son más difíciles de pagar y las declaraciones son mensuales en lugar de trimestrales para las personas físicas.

La vida sería más llevadera si todos cumpliéramos las leyes, siempre y cuando estas fueran más adecuadas a nuestra realidad, funcionales y sencillas. Pero con un estado incapaz hasta para cumplir y hacer cumplir las leyes más elementales no podemos esperar que las leyes mejoren. Así que no nos queda más que tratar de lograr un poco de orden a nuestro alrededor, y sobrellevar la vida dentro de esta sociedad en desorden constante, permanente e incontrolable.